Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Gobierno Federal, informó acerca del avance en el proceso relacionado con la solicitud de detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos por parte de Estados Unidos.
Reiteró que dicha solicitud no cuenta con elementos suficientes ni pruebas que justifiquen un riesgo de fuga u obstaculización del proceso de investigación, por lo que se solicitó información adicional al país estadounidense antes de presentar el caso ante un juez.
Puntualizó que será un juez de control quien determine si procede o no una eventual detención. Subrayó que no se ha prejuzgado sobre la culpabilidad de las personas señaladas, ni sobre la procedencia de la solicitud.
“Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez.”
LUISA MARÍA ALCALDE, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Aunque también señaló la importancia de que el proceso se lleve a cabo con carácter confidencial, con el fin de proteger el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.
“Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8”
LUISA MARÍA ALCALDE, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Lo que está respaldado también por tratados internacionales y busca evitar la exposición anticipada de los implicados y posible contaminación de pruebas.