El gobierno federal presentó un informe acerca del caso INE en que se expuso la estructura operativa de diversas redes empresariales y contratistas que han acaparado históricamente los contratos de proveeduría del Instituto Nacional Electoral.
Se detallaron de manera específica los esquemas de adjudicación de materiales de alta escala que han estado vinculados de manera recurrente a firmas controladas por actores particulares como los hermanos Casillas.
“Para ocultar el beneficiario final, que es… recibe una empresa el dinero, lo reparte a otras 10; esas otras 10 lo van repartiendo para que se pierda el beneficiario final y en esas rutas del dinero se observa que llegan a personas, incluso que tienen 96 años, jóvenes de 18 años, y pueden ser o prestar nombres o robos de identidad, presumiblemente.”
RAQUEL BUENROSTRO, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Asimismo, la presidenta de México cuestionó las gestiones de anteriores consejeros presidentes del organismo electoral, Lorenzo Córdoba y Luis Carlos Ugalde, por no realizar investigaciones internas ni dar parte a las autoridades correspondientes para desarticular la operación de presuntos duopolios en la adquisición de insumos electorales.
“¿Por qué no se hizo nada? Si ya sabían ellos, como sale en sus propias entrevistas, durante 9 años para poder hacer lineamientos claros de contrataciones… más de 2 mil millones de pesos en aquella época y resulta que quien crea a los hermanos Hernández Casillas es miembro de su partido político, acabado de crear.”
CLAUDIA SHEINBAUM, presidenta de México.
Además, como medida preventiva de cara a los próximos comicios, se anunció la reestructuración de talleres gráficos de México con el fin de convertirlo en el organismo público encargado de la producción de boletas e insumos electorales y se hizo un llamado para que el INE y los organismos públicos locales establezcan mecanismos abiertos de licitación con el acompañamiento de la Auditoría Superior de la Federación y dependencias de fiscalización para garantizar la transparencia absoluta en las contrataciones de proveeduría pública.