Tras más de cuatro horas de discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
El ruidoso debate en la Cámara de Diputados dejó al descubierto dos visiones contrapuestas sobre la viabilidad de acelerar la transición hacia una economía sin efectivo en México.
El choque en San Lázaro antes de aprobarlo
La votación reflejó el respaldo en bloque de la coalición mayoritaria integrada por Morena, PVEM y PT.
El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda, sostuvo que se trata de un marco legal innovador que permitirá democratizar el acceso a los servicios financieros, reducir los costos asociados al manejo de efectivo y fortalecer la recaudación y transparencia fiscal.
Por su parte, el diputado Luis Armando Díaz (PT) destacó que la medida responde a una realidad donde cerca del 85% de las compras menores a 500 pesos en México aún se realizan en efectivo.
- Disminución de costos operativos: Manejar efectivo cuesta cerca del 1.5% del PIB[7]; sustituirlo paulatinamente permitirá a las MiPymes construir un historial transaccional para acceder a créditos bancarios[5].
- Identidad digital simplificada: El reconocimiento voluntario de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano facilitará la apertura remota de cuentas y trámites públicos[8][9].
- Combate a la informalidad y al huachicol: La trazabilidad de pagos obligatorios en sectores estratégicos, como gasolineras y casetas, facilitará la fiscalización y cerrará el paso al comercio ilícito de combustible[10][11].
Los contras: Carga a MiPymes, brecha digital y ciberriesgos
En contraste, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron serias deficiencias estructurales:
- Costos para pequeños comercios: Las diputadas Verónica Pérez (PAN) y Patricia Flores (MC) advirtieron que la ley traslada la carga financiera de adquirir terminales, contratar internet y pagar comisiones interbancarias (de hasta 1.91% en crédito y 1.15% en débito) a las micro y pequeñas empresas (MiPymes), costos que terminarán trasladándose al consumidor final en productos de la canasta básica.
- Desigualdad e infraestructura insuficiente: Legisladores de oposición criticaron que la norma asuma una cobertura uniforme en todo el país, ignorando las carencias tecnológicas en regiones rurales o marginadas como la Sierra Tarahumara o la Selva Lacandona, así como la falta de bancarización y educación financiera en adultos mayores.
- Riesgo de informalidad y fiscalización: La legisladora Claudia Ruiz Massieu (MC) advirtió que imponer la digitalización sin la debida inclusión previa puede derivar en la creación de mercados negros o esquemas informales de intercambio.
Falta de sanciones y retos en el sector privado
Especialistas del sector legal y financiero han puesto el foco en la implementación operativa. Alberto Córdoba, socio de la firma Von Wobeser y Sierra, advirtió que la norma no contempla un régimen de sanciones en caso de incumplimiento, lo que podría restarle coercitividad en la práctica. Sin embargo, resaltó que incrementar la trazabilidad de los flujos de dinero será una herramienta clave para combatir delitos como el robo de combustible (huachicol) en las gasolineras.
Desde el sector gasolinero, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), encabezada por Ricardo Quiroz, señaló que aunque el 98.45% de las estaciones se ubica en zonas con cobertura de internet, el proceso requerirá inversiones en conectividad redundante, ciberseguridad, integración de sistemas de control volumétrico y esquemas comisionales competitivos para lograr una transición ordenada e híbrida.