La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una de sus crisis administrativas más complejas en años recientes tras el anuncio de un Examen de Control Presencial obligatorio para validar el ingreso de los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura.
Esta medida llega luego de la detección de “trampas” e irregularidades en la prueba realizada originalmente en línea. Identificaron posibles casos de suplantación de identidad, uso de teléfonos celulares y un incremento inusual en los puntajes más altos.
Ante el descontento, grupos de aspirantes han convocado a una nueva marcha hacia la Rectoría este jueves 6 de agosto a las 10:00 horas, partiendo de la estación de Metrobús Doctor Gálvez.
El nuevo calendario y sedes
Para dar espacio a la organización de esta segunda evaluación, la Máxima Casa de Estudios anunció que el inicio de clases para los alumnos de primer ingreso se ha pospuesto del 10 al 31 de agosto. El examen de control se aplicará del 12 al 19 de agosto en cuatro ciudades estratégicas para facilitar el acceso de quienes residen fuera de la capital: León, Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México.
- León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.
- Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.
- Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.
- Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.
Las autoridades universitarias han enfatizado que esta evaluación no tendrá ningún costo adicional para los jóvenes. El financiamiento de este proceso extraordinario se cubrirá con ingresos autogenerados por la propia institución, evitando así una afectación al presupuesto federal destinado a las funciones sustantivas de la universidad.
Ruptura contractual y auditorías
Como respuesta directa al escándalo, la UNAM tomó la decisión de terminar anticipadamente el contrato con la empresa Territorium Life, responsable de la plataforma del examen remoto. El abogado general de la institución, Hugo Alejandro Concha Cantú, informó que se han ordenado tres auditorías: una tecnológica al sistema, una interna por parte de la Contraloría y una externa solicitada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para deslindar responsabilidades.
El contrato con dicha empresa superó los 69 millones de pesos, de los cuales ya se han pagado montos significativos por la aplicación de pruebas tanto a nivel licenciatura como bachillerato. La Universidad ha solicitado la entrega inmediata de las bases de datos, las cuales son propiedad de la institución.
La tensión se trasladó también al ámbito jurídico y social. Expertos legales han advertido que aquellos estudiantes que decidan presentar el examen de control podrían perder automáticamente su derecho a demandar por fraude, una situación que ya ha llevado a la presentación de los primeros amparos ante juzgados federales.
Por ahora, la Rectoría mantiene firme su postura de que el examen presencial es la única vía para asegurar que quienes ocupen un lugar en la UNAM lo hagan bajo principios de equidad y rigor académico.
