El relevo en Sinaloa tiene más de maquillaje político que de ruptura real. Graciela Domínguez Nava, impuesta este martes como gobernadora interina con 31 votos a favor y apenas 6 en contra, no es una outsider ni una figura de consenso.
Es la exsecretaria de Educación que el propio Rubén Rocha Moya colocó en su gabinete en 2021. Un cargo que ocupó hasta 2024, cuando saltó a una diputación federal con el aval del mismo aparato morenista que hoy la sube al Ejecutivo estatal.
La votación retrata exactamente lo que es: un relevo de partido, no de proyecto. Solo Morena y el Partido Verde respaldaron su llegada; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, sin lograr torcer un resultado ya decidido de antemano en los pasillos de la bancada oficialista.

El va y ven de Rocha Moya
El nombramiento llega tras un espectáculo bochornoso de licencias y regresos. Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otros nueve funcionarios por presuntos nexos con Los Chapitos, pidió licencia. Volvió a los pocos días “con la frente en alto” alegando falta de pruebas en su contra.
A las 30 horas de haber regresado, sin respaldo ni de Morena ni de la propia Claudia Sheinbaum, se fue de nuevo, esta vez de forma indefinida.
Sheinbaum ya adelantó que no hay vuelta atrás, el interinato durará hasta el cambio de gobierno de 2027. Es decir, Rocha ya no regresa, pero su cuadro sí se queda al frente.
Domínguez Nava se presentó con el discurso obligado de toda sucesión incómoda. Prometió que la confianza no se decreta ni se exige, se construye, y que su gobierno se ganará la credibilidad con honestidad, cercanía y transparencia. Aseguró que se mantendrá al margen de la disputa sucesoria. Palabras que suenan más a manual de crisis que a plan de gobierno.

La oposición no se tragó el discurso
Legisladores señalaron sin rodeos que “la realidad en Sinaloa no cambia con un nuevo nombramiento”. Mientras, el PAN cuestionó la situación de violencia y desapariciones que persiste en el estado, exigiendo que el cambio de nombre en la gubernatura no sirva para frenar investigaciones ni exigencias de cuentas sobre la administración saliente.
La conclusión es incómoda pero simple. Sinaloa tiene nueva gobernadora, pero sigue teniendo el mismo dueño político. El aparato que llevó a Rocha Moya al poder y que hoy carga con el peso de una acusación federal estadounidense por narcotráfico es el mismo que decide quién lo sustituye, cómo se administra la crisis y hasta cuándo. Cambiar de nombre en la boleta no es lo mismo que cambiar de gobierno.