Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa, anunció que retomará presencialmente sus funciones legislativas a partir del 30 de agosto. El día de la Reunión Plenaria de su bancada, para después incorporarse de lleno al periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre.
Son 113 días de ausencia física ininterrumpida, contados desde el 29 de abril, el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto con el entonces gobernador Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Durante esos meses, Inzunza cobró su dieta legislativa completa sin pisar el Senado. Se justificó diciendo que trabajó “de manera virtual” y que su coordinador, Ignacio Mier, nunca lo convocó formalmente a las sesiones.
La oposición no se lo creyó nunca
En junio, la panista Mayuli Latifa recordó desde tribuna que en esos mismos escaños “estuvo Rubén Rocha, hoy vinculado al crimen organizado”, y ahora “tenemos en esta Legislatura al senador Inzunza también vinculado al crimen organizado” sin dar la cara.
Inzunza insiste en que su regreso “no tiene relación” con el fugaz e igualmente fallido intento de Rocha Moya de retomar la gubernatura de Sinaloa, que le duró apenas 34 horas antes de terminar en una licencia indefinida. La coincidencia de fechas, sin embargo, es difícil de ignorar, pues ambos, señalados en la misma acusación estadounidense, reaparecen con nueve días de diferencia.
Ariadna Montiel, entre el deslinde y la lealtad
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ya fijó el tono con el que el partido intentará blindar el regreso de Inzunza: la misma fórmula que usó con Rocha Moya.
Cuando el gobernador intentó volver a Culiacán, Montiel escribió en mayúsculas en redes:
“MORENA: PERSONAL, LA DECISIÓN DE RUBÉN ROCHA MOYA DE REGRESAR AL CARGO DE GOBERNADOR DE SINALOA”, y remató que la dirigencia “no tuvo conocimiento previo” de la determinación.
Es precisamente esa fórmula la que la oposición panista ya utiliza como ariete contra ella. El senador chihuahuense Mario Vázquez presentó un Punto de Acuerdo exigiendo que Montiel ofrezca una disculpa pública al pueblo de Sinaloa. Según planteó por guardar silencio frente a los señalamientos que involucran a “perfiles de su propio partido”. Mencionando explícitamente a Rocha Moya y a Inzunza.
Mientras, Morena sí atacó políticamente a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por un caso distinto. Su argumento: “No puede haber una justicia para los adversarios y otra para los aliados.”
Con el regreso de Inzunza fijado para el 30 de agosto, todo apunta a que Montiel repetirá el guion: deslinde personal, respeto al debido proceso, cero autocrítica pública. El desgaste, sin embargo, ya es doble: primero con Rocha, ahora con Inzunza.
El ambiente que se espera en el Senado
PAN
Es la bancada más agresiva desde abril. Su coordinador, Ricardo Anaya, ya había solicitado formalmente citar a comparecer a Rocha Moya. Todo indica que extenderá esa exigencia a Inzunza en cuanto reaparezca en el pleno.
El PAN también ha exigido licencia inmediata para el senador y su comparecencia ante autoridades de Nueva York, y ha llegado a calificar de “cinismo” que siga cobrando su dieta sin trabajar.
Movimiento Ciudadano
El coordinador emecista, Clemente Castañeda, ha sido el más directo. Exigió que tanto Rocha como Inzunza “den la cara” bajo el mismo criterio con el que se exige rendición de cuentas a cualquier otro gobernador señalado.
Diputados de MC han pedido incluso que se transparente si existió algún justificante oficial por las faltas del sinaloense.
PRI
La senadora Carolina Viggiano ha sido de las voces más duras: calificó de “vergonzoso” que Inzunza siga cobrando sin presentarse y exigió que renuncie a su sueldo si no piensa trabajar.
Morena
El coordinador Ignacio Mier ha sostenido la línea de que las imputaciones estadounidenses “no traen sustento” bajo la legislación mexicana ni los acuerdos bilaterales. Cuestionó que Washington haya violado principios de confidencialidad de los tratados de extradición al hacer pública la acusación.
El propio Inzunza calificó el caso como parte de una “ofensiva política” contra Morena y contra la 4T, y asegura contar con el respaldo de la mayoría de su bancada. Aunque, el propio senador morenista Higinio Martínez ya deslizó públicamente que, de estar en su lugar, él sí habría pedido licencia.
Lo que está por llegar
El 30 de agosto, cuando Inzunza cruce por primera vez en 113 días la puerta del Senado, no lo hará en silencio. La oposición lleva meses acumulando munición: faltas, dietas cobradas sin trabajar, el paralelismo directo con Rocha Moya.
Ya perfila usar la primera sesión del periodo ordinario, el 1 de septiembre, como escenario de confrontación abierta.
Morena, por su parte, llega desgastada. Apenas días después de deslindarse de un gobernador, tendrá que repetir el mismo ejercicio con uno de sus propios senadores, mientras las encuestas ya registran el costo político de ambos casos combinados.
La pregunta que sobrevuela el pleno no es si Inzunza dará explicaciones. Es si Morena, por segunda vez en un mes, logrará contener el incendio sin que le cueste otro tramo de su capital político rumbo a 2027.
