Celaya, Guanajuato
El reconocimiento del presidente municipal sobre la falta de revisión de los detalles del contrato con un consultor español ha generado una fuerte reacción en el cabildo. Se firmó un avance del 85% del trabajo y se pagó más de medio millón de pesos sin contar con la certeza de un documento final.
Esto, según la oposición, es preocupante, pues el manejo de recursos públicos exige máxima responsabilidad. Además, el edil cuenta con un equipo jurídico cuya función es precisamente evitar este tipo de situaciones.
Desde una perspectiva legal, podrían existir responsabilidades no solo para el presidente municipal, sino para todos los involucrados en la contratación y firma del acuerdo.
Aunque se les informó a los ediles sobre un gasto de un millón cincuenta mil pesos para el programa de gobierno, los detalles del contrato y el nombre del consultor no fueron transparentados. Esta falta de claridad genera dudas sobre la gestión de los recursos y la veracidad de la información reportada al ayuntamiento.
“Viene esa cantidad de un millón cincuenta mil pesos, si no mal recuerdo, y no viene el nombre de la persona. Ahorita él da a conocer que se llama César, si no mal recuerdo. Entonces, creo que debería de aclarar, número uno, sobre las dos cantidades.
¿A ustedes les reportaron que costó un millón cincuenta mil pesos?
En un reporte de los primeros tres meses.
¿Y ahí viene que es del programa de gobierno?
Venía esa situación, venía ese concepto.¿Y quién lo hace ahí? ¿El despacho que está acá? ¿Amic Ingenieros?
No recuerdo el nombre. Si no mal recuerdo, no venía estipulado ese nombre. Entonces, creo que sí es un buen tema para revisar.
Yo voy a hacer la solicitud para que Contraloría haga la revisión al respecto. Es una de mis atribuciones. Y bueno, para que se haga la investigación y que sea sancionado el responsable.
¿Qué tipos de responsabilidades pueden haber?
Puede haber responsabilidad civil y administrativa”
Carlos Ruiz, Presidente de la Comisión de Contraloría
Ante esta situación, se solicitará a la contraloría una investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
Se considera que podría haber implicaciones civiles y administrativas, dado que los recursos utilizados son de carácter público y el contrato en cuestión guiaría las acciones municipales durante tres años.
