
Celaya, Guanajuato
En su visita a Guanajuato, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte y aspirante a su presidencia, expuso una de sus principales propuestas de llegar al cargo: la reorganización profunda de las procuradurías de derechos humanos en el país.
Señaló que estas instancias presentan deficiencias estructurales y normativas que impiden su correcto funcionamiento. También que los poderes ejecutivos han mostrado históricamente un desinterés por fortalecerlas. Esto afecta directamente la atención y acceso a la justicia para las víctimas.
La propuesta de Batres plantea una revisión integral del marco legal que rige a las defensorías públicas y a las múltiples procuradurías sociales existentes. Tal como las del trabajo, medio ambiente y ordenamiento territorial.
Su objetivo es unificar criterios, profesionalizar su operación, y garantizar que realmente sean instrumentos eficaces de defensa de los derechos. Explicó que se requiere una estrategia nacional para reestructurarlas y articularlas con el Poder Judicial, haciendo énfasis en su vinculación con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que sancione malas prácticas.
“Con las Comisiones de Derechos Humanos, creo que deberían garantizarse que la gente que no tiene dinero para pagar abogadas, abogados, que además atiendan y atiendan bien sus asuntos, tanto para presentar denuncias y demandas como para defenderse de ellas, puedan tener este auxilio profesional fundamental.
Eso creo que podría articularse mucho mejor si se asume como una responsabilidad del Estado que la gente tenga acceso a la justicia”
Subrayó que Guanajuato tendría un lugar prioritario en la implementación de esta reforma, debido a las necesidades detectadas en el estado.
Reconoció que hace falta personal capacitado e independencia operativa. También recursos suficientes para garantizar el acceso efectivo a la justicia en las regiones donde más se vulneran los derechos fundamentales.