Celaya, Guanajuato
La Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya y la Dirección de Policía Municipal trabajan de forma coordinada para investigar los hechos violentos registrados en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Como parte del proceso, la policía elabora un informe detallado del evento y lo remite a la Comisión.
Posteriormente, se analizará la actuación de la empresa de seguridad privada, contratada por el Club Celaya para el resguardo del partido.
“Desde una infracción administrativa hasta el recurso económico y el retiro del permiso, dependiendo de cómo sea la resolución hacia esta infracción que se tuvo.
¿Qué va a pasar?
No te lo puedo decir, no me corresponde a mí como comisión, como EDIL no me compete a mí dar esa sanción.¿A quién le compete?
Raúl Alejandro Cuevas, Regidor y Presidente de la Comisión de Seguridad
A la autoridad correspondiente para poder hacerlo, en este caso de acuerdo al lineamiento que se tiene en el municipio. ¿Se sube a sesión? En comisión es cuando se determina”
La investigación considera el uso indebido de un dispositivo lanzador de gas, en forma de arma de fuego, prohibido dentro del estadio. El dispositivo fue accionado por un guardia de seguridad.
Según la dirección de policía, el artefacto no cumplía con los protocolos establecidos, lo cual representa una falta grave en materia de seguridad privada. Además, se evalúa si el personal actuó conforme a los lineamientos municipales y estatales que rigen la operación de este tipo de empresas.
“No puede ingresar de ningún tipo, ya sea de réplica o mucho menos armas de juego. Entonces definitivamente no puede ingresar.
¿Por qué la tenía?
Es parte de la información que se va a mandar a la comisión.¿Y qué reporte tiene? ¿Qué tipo de arma era?
Bernardo Rafael Cajero, Director de la Policía de Celaya
Porque la directiva dijo que era de gel, y el alcalde ayer dijo que era de gas pimienta. Sí, eso fue un arma que arroja un líquido, que tenga pimienta o algo así.”
Con base en el informe policial y los reglamentos aplicables, la Comisión podría imponer a la empresa de seguridad una sanción económica de hasta 300 UMAS. Es equivalente a más de 33 mil pesos.
En caso de considerarse una falta grave, revocar su licencia para operar en el municipio. La decisión se tomará por la autoridad competente en sesión de Comisión, tras revisar a fondo las pruebas y antecedentes de la empresa involucrada.
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