Guanajuato
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Juan Carlos Romero Hicks consideró que la reforma al poder judicial del estado no estará lista antes del 15 de marzo y tampoco habría sanciones para el poder legislativo estatal.
“Tenemos meses viendo esto, nos sentamos con universidades con colegios, esta es una parte de la culminación. La escucha no empezó hoy, entonces, también lo que estamos viendo es que en legislación comparada se puede aprender de otras entidades federativas porque las, todas las entidades federativas, eh, pudieron hacer también lo suyo, algunas ya lo lograron, otras todavía lo están haciendo”.
Diputado, Juan Carlos Romero Hicks
El legislador explicó que lo que se busca es entregar al estado de Guanajuato una norma que responda a las diversas necesidades desde la misma integración del poder judicial, los temas laborales y también se trata de aprender.
La iniciativa se revisa al interior de la comisión y cuenta con la participación de representantes de los poderes ejecutivo y judicial. A demás la procuraduría de los derechos humanos y otras instancias estatales.
Romero Hicks señaló que el trabajo realizado ha avanzado y tiene meses de haberse comenzado. Por lo que la revisión que se hace será a profundidad y generar una norma que garantice un mejor poder judicial del estado.
“Se necesita y es una iniciativa que vamos a plantear, ya la tenemos diseñada. Cambiar el concepto del Constituyente Permanente. El Constituyente Permanente incluye las dos cámaras del Congreso de la Unión, de mayoría calificada y que las legislaturas, nada más digan sí o no, la mayoría de ellas, pero no se puede hacer ningún cambio.
Vamos a presentar muy pronto, se está viendo ya en la Comisión, la posibilidad de que el Constituyente Permanente también incluya a los legisladores locales”.
Diputado, Juan Carlos Romero Hicks
Apuntó que es necesario este cambio para que los congresos estatales tengan participación y hagan sus aportes. No solo ser parte de un proceso, en el cual, el senado y la cámara de diputados federal son los que defienden.
