Será hasta el próximo miércoles 17 de julio, que los diputados integrantes de la comisión de justicia del congreso del estado aborden la aprobación del dictamen para legislar y dejar de castigar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Esto con el riesgo de que, por los tiempos, incurran en desacato si el documento no se aprueba a tiempo.
El presidente de la comisión, Carlos Abraham Ramos, explicó que, además de diferirse el tema en cuestión, también se hizo lo mismo con las mesas de trabajo para escuchar el posicionamiento de 80 colectivos y asociaciones que esperan aportar al tema.
“No es una trampa, es algo que ellos, constantemente vienen haciendo y ¿Por qué no discutir un tema que es prioritario para las mujeres en el Estado de Guanajuato? ¿Por qué no discutir tema que precisamente Acción Nacional propuso a más de 80 colectivos, 80 asociaciones que en cuenta para las mesas de trabajo?
Y el día de hoy que convocamos precisamente para acordar las fechas de las siguientes mesas de trabajo, resulta que quieren un receso. ¿Qué significa esto? Que quieren perdamos tiempo, para no cumplir en tiempo y forma lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Diputado, Carlos Abraham Ramos
Mientras que la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, una de las impulsoras de la iniciativa para dejar de castigar la interrupción de la maternidad, consideró que la decisión tomada en la comisión es absurda.
“Pues ya caen en lo absurdo, ya caen en lo patético, ya están sacándose todos los ases de la manga. S están acabando de inventar pues todas las estrategias habidas y por haber con tal de seguir retrasando el tema de la despenalización es inminente, quedan trece días, eh, si hay que decir que con este retraso que acaba de hacer Acción Nacional, difícilmente se va poder sacar el dictamen este periodo, entonces, pues ni modo, nos tendremos que ir al parecer a la Corte”.
Diputada Sandra Alicia Pedroza
Advirtió que los retrasos que se están ocasionando pueden llevar a que el congreso del estado caiga en desacato, lo que sentaría un muy mal precedente para el poder legislativo estatal.
Las indefiniciones por parte de las y los diputados se han presentado, pese a que es una obligación legal, legislar y cumplir con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.