Editorial
Mientras la SEGOB recaba información sobre quién pagó los autobuses desde Jalisco, México suma más de 132 mil personas desaparecidas. El hallazgo de fosas clandestinas continúa siendo, siete años después, una tarea que recae en las propias familias.
La frase quedó registrada en la mañanera de este jueves, el mismo día de la inauguración del Mundial. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tomó el micrófono para hablar de la movilización de madres buscadoras del miércoles por la noche, y dijo lo siguiente:
“Contamos con información que indica no sólo la presencia de los colectivos de la Ciudad de México y de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias.”
Un reportero insistió: ¿sospechan de algún financiamiento particular? La presidenta Sheinbaum respondió:
“Informamos. Es información. Hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Sólo es la información y ya en todo caso veremos.”
Así, el primer pronunciamiento oficial del gobierno mexicano sobre la marcha de madres buscadoras durante el día más visible del año no fue sobre los más de 132 mil nombres que faltan. Fue sobre cómo llegaron los autobuses.
La pregunta que no se hizo en la mañanera
Mientras la SEGOB abre una investigación sobre el traslado de un grupo de madres, el país que las recibió o que evitó recibirlas cerca del estadio es este:
Según el más reciente corte de la Comisión Nacional de Búsqueda, México registra 132,534 personas desaparecidas y no localizadas. La mayoría de los últimos veinte años. De ese total, 46,742 casos tienen datos insuficientes para iniciar siquiera una localización, y 43,128 no presentan ninguna actividad de investigación desde el momento en que fueron reportados.
Solo 3,869 de esos expedientes cuentan con una carpeta de investigación abierta. El resto, más de 26 mil, son apenas reportes administrativos sin que la fiscalía haya movido un dedo.
A nivel global, Amnistía Internacional documentó que las desapariciones forzadas y no localizadas crecieron 10.5% durante 2025 respecto al año anterior. En ese mismo periodo, seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres) fueron asesinadas mientras hacían el trabajo que, en teoría, corresponde al Estado.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU fue más allá. Advirtió que la magnitud del problema en México alcanza niveles comparables a crímenes de lesa humanidad. Señaló que se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos. Además de unos 72 mil cuerpos sin identificar resguardados por el propio Estado.
El mismo organismo de la ONU concluyó algo que debería ser la nota principal de cualquier cobertura sobre el tema. La situación no ha mostrado una mejora sustancial según los datos oficiales disponibles, y las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis.
El dato que sí debería investigarse
Hay un hallazgo reciente que conecta directamente con la legitimidad de cualquier “investigación” gubernamental sobre el tema de desapariciones: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha comenzado a disminuir su número de casos, sin que la Comisión Nacional de Búsqueda explique por qué ni a qué periodo corresponden los registros eliminados. En siete días, documentó un análisis especializado, más de mil personas desaparecidas “dejaron de existir estadísticamente.”
Es decir: mientras la SEGOB anuncia que va a investigar el origen de unos autobuses, nadie en el gobierno ha explicado públicamente por qué la base de datos oficial de desaparecidos pierde miles de nombres sin aviso.
La marcha que el gobierno decidió enmarcar como sospechosa
La movilización del miércoles no surgió de la nada. Colectivos de búsqueda de distintos estados, incluido Jalisco, una de las entidades con más fosas clandestinas del país, según reportes de organizaciones como Guerreros Buscadores; coordinaron su llegada a la Ciudad de México para que sus consignas tuvieran lugar justo cuando las cámaras de todo el planeta apuntaran al Estadio Ciudad de México. La consigna que usaron fue clara: “La pelota vuelve a casa, nuestros hijos ¿cuándo?”
Es, en esencia, lo mismo que han hecho generaciones de movimientos sociales en cada Mundial que ha organizado este país. Usar la atención global como megáfono para una causa que en el día a día no logra ocupar ni un minuto de la agenda nacional.
La respuesta institucional a ese megáfono fue, en términos textuales, una sospecha.
La jerarquía de lo urgente
No se trata de afirmar que investigar el financiamiento de una movilización sea ilegítimo en sí mismo. La transparencia en el manejo de recursos hacia colectivos de víctimas es, de hecho, un tema legítimo de escrutinio público.
El problema es la jerarquía. El mismo día, en el mismo evento, frente a las mismas cámaras, la autoridad tuvo la oportunidad de anunciar una sola medida concreta para atender el expediente de 132 mil personas sin localizar. No lo hizo. Lo que anunció fue una investigación sobre cómo llegaron quienes piden que esos expedientes se muevan.
Si el criterio para activar la maquinaria de “recabar información” y “determinar el origen de los apoyos” fuera el mismo que se aplicara a las 43,128 carpetas sin actividad desde su apertura, la crisis de desapariciones en México tendría hoy un diagnóstico distinto.
No lo tiene. Y mientras tanto, las madres siguen llegando en autobús, a pie, o como puedan a cualquier lugar donde alguien, por fin, esté obligado a escuchar.