Editorial
El centro de detención “Alligator Alcatraz”, símbolo de la campaña de deportaciones de Donald Trump, cerró sus puertas este jueves tras menos de un año de operaciones. El anuncio lo hizo el gobernador Ron DeSantis junto al “zar de la frontera” Tom Homan, en los propios Everglades de Florida.
El cierre no fue por humanidad, fue por dinero. El costo de operación superó los 1,200 millones de dólares y el gasto diario se estimó en más de un millón de dólares.
La instalación se levantó en apenas ocho días bajo una declaración de emergencia estatal, sin licitación pública, con 200 cámaras, ocho kilómetros de alambre de púas y caimanes como disuasión natural. Trump la inauguró en julio de 2025 presumiendo la “fauna peligrosa” del entorno.
El discurso oficial habló de peligrosidad, pero los datos dicen otra cosa. Casi el 60% de los recluidos no tenía antecedentes penales. Amnistía Internacional documentó hacinamiento, agua no potable, esperas de hasta 72 horas para atención médica y detenidos encadenados de pies y manos al aire libre.
Migrantes mexicanos con fianzas pagadas por infracciones menores fueron enviados al centro sin cargos claros, lo que generó reclamos diplomáticos del gobierno de México.
DeSantis lo llama éxito. El centro procesó casi 22,000 deportaciones y Florida concentra el 40% de los arrestos migratorios nacionales. La maquinaria no se detiene, solo cerró su versión más cara e inconveniente.