El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso hace un tiempo sobre la mesa la viabilidad de la fracturación hidráulica (fracking) como una pieza clave para la seguridad nacional. Esto generó un intenso debate tanto de la ciudadanía, como de los colectivos ambientales, que confrontan sus actuales objetivos energéticos con las promesas realizadas durante su camino a la presidencia.
El jueves 6 de agosto, durante la rueda de prensa mañanera, se le preguntó a la presidenta sobre la promesa que hizo durante su campaña presidencial de 2024. En aquel entonces, aseguró ante sus simpatizantes: “No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.
Ante el cuestionamiento, negó haber hecho tal planteamiento. A pesar de esta negativa, han circulado videos de sus eventos de campaña que contradicen esta versión actual, capturando el momento exacto en que se comprometía a prohibir la técnica.
Y es que su postura oficial ha evolucionado hacia la aceptación de que existen “nuevas maneras de fracturamiento hidráulico” con menor impacto, lo que permite revaluar el gas no convencional bajo una óptica de soberanía.
Soberanía y dependencia
La principal ventaja y motivación señalada por el gobierno federal para abrir la puerta al fracking es el fortalecimiento de la soberanía energética. Actualmente, México enfrenta una vulnerabilidad crítica, pues depende en un 75% del gas natural importado de Estados Unidos. Esta dependencia compromete la seguridad nacional, especialmente considerando que el 70% de la electricidad en el país se genera con este combustible.
El gobierno argumenta que, para que México siga desarrollándose, requiere energía de “base” que sea estable y continua. Según la administración:
- Límites de las renovables: Aunque se impulsarán fuentes limpias, las energías solar y eólica son intermitentes y los sistemas de almacenamiento actuales son insuficientes para cubrir la demanda total del día.
- Potencial económico: México posee recursos prospectivos estimados en 141.5 billones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales.
- Evolución técnica: El gobierno sostiene que las tecnologías han avanzado significativamente en los últimos cinco años, utilizando químicos más biodegradables y procesos más eficientes que los de hace una década.
Una ruta condicionada
Para mitigar las críticas y asegurar que esta práctica sea “sustentable”, el gobierno ha establecido que cualquier proyecto estará condicionado a no utilizar agua dulce apta para consumo humano o riego, recurriendo exclusivamente a agua salada de acuíferos profundos (entre 1,000 y 1,500 metros).
Aun con estas salvaguardas, organizaciones ambientales mantienen su rechazo, recordando que el compromiso de campaña era la prohibición total y no una regulación técnica para un uso con “menos culpa”.
Por ahora, el siguiente paso será la perforación de pozos exploratorios para confirmar la existencia de agua salada y gas, una decisión que, según Sheinbaum, busca el beneficio del desarrollo del país a largo plazo.
