Este jueves, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de la evaluación técnica y científica para el uso de yacimientos de gas no convencional mediante la fracturación hidráulica (fracking) en México.
Ante una dependencia del 75% del gas natural proveniente de Estados Unidos, la administración federal busca fortalecer la seguridad nacional bajo criterios de “mínimo impacto ambiental”.
El Comité Científico sobre Soberanía Energética presentó sus primeras conclusiones, marcando una hoja de ruta que prioriza la protección de ecosistemas y comunidades. Una de las decisiones más contundentes es el blindaje total de la cuenca Tampico-Misantla. Debido a su alta densidad poblacional y la presencia de comunidades indígenas, se emitirá un decreto para prohibir cualquier actividad de extracción no convencional en esta zona.
En contraste, la evaluación continuará exclusivamente en las cuencas de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila y Nuevo León), donde la densidad demográfica es menor y se consideran viables para estudios técnicos.
El modelo “sustentable” y el condicionante del agua
Para mitigar el impacto, el gobierno analiza las mejores prácticas internacionales de países como Canadá, Noruega y Argentina, así como el estado de Pensilvania en EE. UU., enfocándose en innovaciones tecnológicas de los últimos cinco años.
La condición innegociable para cualquier avance es el cuidado del agua. El comité ha recomendado:
- Prohibir el uso de agua dulce apta para consumo humano o riego.
- Utilizar únicamente agua salada profunda (de 1,000 a 1,500 metros) o residual.
- Garantizar el reciclaje de al menos el 75% del agua empleada en el proceso.
Controversia y resistencia social
A pesar de las promesas de transparencia, el proyecto enfrenta una fuerte oposición. Un colectivo de 32 organizaciones ambientales y comunitarias exige la prohibición total del fracking en todo el territorio nacional.
Los activistas argumentan que no hay evidencia sólida de que las nuevas tecnologías eliminen riesgos como la sismicidad inducida, fugas de metano o la contaminación de acuíferos. Además, ha resurgido el debate sobre promesas de campaña previas en las que la mandataria se habría comprometido a no permitir esta técnica.
La presidenta Sheinbaum enfatizó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la producción comercial. El siguiente paso será la realización de pozos exploratorios por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para confirmar si existe agua salada profunda y gas en cantidades suficientes. Los resultados de estas investigaciones se publicarán cada dos meses en un ejercicio que el gobierno califica como de máxima transparencia.
