Editorial
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de PEMEX, ya no está en la cárcel. Salió el martes 14 de julio del penal de Atlacholoaya, Morelos, después de que una jueza le revocara la prisión preventiva que enfrentaba por el delito de violencia familiar.
El expediente por el contrato de casi 5 mil millones de pesos que firmó antes de dejar el cargo, en cambio, sigue sin que nadie determine responsabilidades.
Libertad pese al perdón forzado por la vía legal
A Rodríguez Padilla lo detuvieron el 7 de julio y lo vincularon a proceso el 13. Esto luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, difundiera un video donde se le ve agredirla frente a su hijo.
La jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz desestimó la imputación por violencia vicaria y dejó solo el cargo de violencia familiar, pese a que Jiménez había presentado un escrito de perdón. La propia autoridad tuvo que aclararlo. Ese delito se persigue de oficio, así que el perdón de la víctima no bastaba para detener el proceso.
Un día después, la misma jueza cambió de postura. Sustituyó la prisión preventiva por otra medida, argumentando que la víctima y su hijo “ya no están en riesgo”. Rodríguez Padilla salió del penal sin declarar a la prensa.
Ahora debe presentarse cada mes ante el juzgado y no podrá acercarse a su esposa ni a su hijo, pero el caso que lo mantuvo detenido apenas una semana ya no lo mantiene tras las rejas.
El contrato que nadie ha investigado a fondo
Mientras el país discutía su detención por violencia familiar, quedó en segundo plano otro señalamiento. Antes de dejar PEMEX el 3 de junio, Rodríguez Padilla autorizó la adjudicación directa, sin licitación pública, de un contrato por 4 mil 838 millones de pesos (5 mil 612 millones con IVA) para el arrendamiento de vehículos de seguridad estratégica.
El beneficiario fue un consorcio integrado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia, empresas que, según reportes periodísticos, no las localizaron operando en el domicilio que registraron ante PEMEX.
La denuncia, presentada el 6 de julio ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pide investigar simulación de competencia, conflicto de interés y daño patrimonial al erario. Se turnó a la UIF, el SAT, la FGR, el Órgano Interno de Control de PEMEX y la Auditoría Superior de la Federación. Hasta hoy, ninguna de estas instancias ha informado si abrió una investigación formal.
Dos escándalos, una sola libertad
El resultado, hasta ahora, es este. El exdirector de una de las empresas más importantes del Estado mexicano recupera la libertad en el caso que sí avanzó judicialmente. Mientras, el contrato multimillonario que firmó al salir del cargo permanece.
Mes y medio después de la denuncia, sin una sola sanción, auditoría concluida o señalamiento formal de responsabilidad.