La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, desató un tenso enfrentamiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que trascendió la tribuna y llegó hasta los propios escaños.
Un debate entre las senadoras hidalguenses Simey Olvera (Morena) y Carolina Viggiano (PRI) se salió de control. Desde tribuna, Olvera habló de la responsabilidad de Ruffo en el huachicol fiscal y del daño a las arcas públicas, además de señalar la corrupción de “los viejos gobiernos del PRI”.
Viggiano la cuestionó sobre por qué Hidalgo es de los estados con mayor robo de combustible. Olvera respondió que “gobernó casi 80 años el PRI, por eso Hidalgo está en esos lugares”. La tensión escaló hasta el escaño de Olvera, quien después denunció que Viggiano “vino a amenazarme diciendo que me iba a demandar”, a lo que respondió: “nos vemos en tribunales y en las urnas, y les vamos a ganar, no les tenemos miedo”.
Se agarran en el escaño
Legisladores de Morena, encabezados por el diputado Arturo Ávila, tapizaron los escaños con fotografías de Ruffo y montajes junto a Genaro García Luna, “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, calificándolo como “el principal huachicolero de México”.
El PAN respondió con imágenes del propio Ruffo junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para acusar un trato desigual de la justicia.
El senador panista José Máximo García calificó a Ruffo como “el primer preso político del sexenio” y acusó una persecución política disfrazada de proceso judicial, asegurando que no existe una sola prueba en su contra.
Que investiguen a Somos MX
El senador morenista Saúl Monreal adelantó que propondrá ante la Permanente solicitar al INE que investigue si el partido Somos México, impulsado por Ruffo, recibió recursos del huachicol fiscal, y acusó al PAN de encubrir a sus propios señalados, como ya ocurrió con el excandidato Francisco García Cabeza de Vaca.
A Ruffo lo detuvieron el 16 de julio en Ensenada, junto con otras ocho personas investigadas por la FGR. Todos señalados de operar una red que importaba combustible desde Texas a través de la empresa Ingemar, declarando solo el 10% de la capacidad real transportada para evadir impuestos.