La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, turnada ya al Senado como cámara de origen.
El punto central de la propuesta señala que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta que las pesquisas descarten esa hipótesis.
El objetivo es evitar que estos casos terminen clasificados como homicidios o suicidios sin la investigación adecuada.
La iniciativa también plantea:
- Un tipo penal de feminicidio homologado para las 32 entidades del país, que hoy regulan el delito de manera distinta.
- Catalogar el feminicidio como imprescriptible, para que el paso del tiempo no sea factor de impunidad.
- Una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que endurecen la sanción cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- Penalidad mayor si el agresor es servidor público o si hubo ataques con ácido u otras sustancias corrosivas.
- Sanción a la tentativa de feminicidio, sin posibilidad de amnistía, criterios de oportunidad ni beneficios para reducir la pena.
La exposición de motivos señala una debilidad estructural en la investigación de estos casos: clasificación incorrecta del delito, falta de capacitación en perspectiva de género entre juzgadores, y deficiencias en la generación de información.
Orfandad por feminicidio
Por ello, la propuesta contempla también la consolidación del Registro Interinstitucional de Feminicidios y la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio.
Dado que cerca del 90% de los feminicidios son cometidos por parejas, exparejas o familiares directos, se plantea dar valor a los testimonios familiares y considerar desde el inicio los antecedentes de violencia.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, turnó la iniciativa a las comisiones de Igualdad de Género y de Justicia del Senado, que ya comenzaron su análisis y dictaminación.