El Gobierno de México estableció una postura firme frente a la solicitud de captura del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos no presente evidencias sólidas que sustenten sus acusaciones, México no procederá con la entrega del morenista.
Señaló que la solicitud recibida corresponde a una “detención urgente con fines de extradición”. Una figura jurídica que difiere significativamente de un juicio formal de extradición. Debido a esta distinción, la mandataria aseguró que no existe un plazo legal que obligue al Estado mexicano a actuar de forma inmediata.
“No hay plazo (para recibir las pruebas). No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, puntualizó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
Añadió incluso que la exigencia de pruebas es una práctica recíproca y habitual en la cooperación judicial entre ambos países.
El veredicto de la SRE y la FGR
Tras una revisión exhaustiva, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como la Fiscalía General de la República (FGR) concluyeron que los documentos enviados desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York carecen de elementos suficientes para justificar una captura inmediata.
Aunque la acusación estadounidense señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar narcóticos a cambio de apoyo político, el gobierno de México sostiene que no se han entregado los indicios mínimos necesarios para proceder.
En el marco de este proceso, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales ni protección del Gabinete de Seguridad Nacional. Su seguridad actual depende exclusivamente de las autoridades estatales de Sinaloa.
Asimismo, se informó que ninguno de los implicados ha solicitado protección a dependencias como la Sedena o la Marina.
¿Y si no quieren entregarlo?
Si el Departamento de Justicia estadounidense decide persistir en la entrega del gobernador con licencia, su siguiente vía legal es iniciar un juicio formal de extradición.
En este escenario, Washington estaría obligado por ley a presentar pruebas exhaustivas ante los tribunales mexicanos.
Mientras tanto, la FGR continuará con sus propias carpetas de investigación abiertas en territorio nacional para determinar la veracidad de los señalamientos