El aguacate mexicano, el motor económico de Michoacán, se encuentra nuevamente en el centro de una tormenta. El pasado 5 de agosto, el gobierno de los Estados Unidos suspendió de manera abrupta todas las actividades de inspección del USDA en la entidad.
Esta acción, detuvo en seco la exportación del fruto hacia el mercado norteamericano. La razón oficial es una alerta de seguridad nivel 4 que advierte sobre amenazas directas contra los intereses y el personal estadounidense en la región.
Esta “nueva” crisis no es un hecho aislado. Es el resultado de un entorno de violencia que ha escalado en los últimos años.
La Embajada de Estados Unidos calificó a Michoacán como una zona donde “no se debe viajar” debido a la fuerte presencia de organizaciones criminales. El detonante de este nuevo veto parece ser la reciente captura de líderes criminales, como Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, y Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, lo que desató narcobloqueos e incendios de vehículos en municipios clave como Los Reyes y Peribán.
Bajo la sombra del crimen organizado: “2 pesos por kilo”
Los cárteles no solo disputan rutas, sino que han construido un sistema de extorsión institucionalizado que asfixia a los productores. Grupos como el CJNG, Los Caballeros Templarios y Los Viagras cobran cuotas que van de uno a dos pesos por cada kilogramo de aguacate producido.
Esta extorsión funciona en “cascada”, se cobra en la huerta, al transportista y hasta al empacador. Tan solo dos operadores del CJNG llegaban a recolectar hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales por este concepto.
Más allá del dinero, el crimen organizado ha recurrido al despojo de tierras, desplazando a comunidades enteras para apoderarse de las huertas de mayor valor.
Las consecuencias de este freno son devastadoras. Michoacán concentra entre el 73% y el 75% de la producción nacional de aguacate y el mercado estadounidense absorbe casi el 90% de sus exportaciones.
Se estima que más de 200,000 empleos están en riesgo directo. Además del impacto inmediato en el bolsillo de los jornaleros, expertos advierten que la repetición constante de estos cierres, el tercero en cuatro años, daña la credibilidad de México como proveedor confiable y genera incertidumbre de cara a la revisión del T-MEC.
Estrategia de blindaje del gobierno
Ante la gravedad de la situación, el gobierno federal lanzó una contraofensiva de seguridad. La Sedena desplegó a 1,557 efectivos (900 soldados y 657 elementos de la Guardia Nacional) para blindar las zonas aguacateras, rutas de transporte y centros de empaque en nueve municipios estratégicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se trabaja en un “plan de trabajo” coordinado con la Embajada de EE.UU. para garantizar la seguridad de los inspectores. Incluso se ha planteado la posibilidad de que inspectores mexicanos de Senasica sustituyan a los del USDA para evitar futuros paros.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la medida como “preventiva” y aseguró que el conflicto se resolverá pronto mediante el diálogo, enfatizando que la inseguridad es una represalia del crimen organizado ante los golpes que su gobierno ha asestado a la extorsión.
