La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quedó en el centro de la polémica luego de que la unidad de investigación N+ Focus revelara documentos que la señalan como firmante de un proffer agreement (acuerdo preliminar de colaboración) con la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego.
El reportaje, lo presentaron la noche del lunes en el noticiero estelar de Televisa y firmado por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas. Sostienen que el documento contempla la participación de Ramírez en una reunión de ofrecimiento de pruebas con fiscales y agentes federales estadounidenses. Esto con el fin de determinar si puede aportar información considerada confiable.
Según el texto citado por el medio, cualquier beneficio para la legisladora quedaría sujeto por completo a la decisión de la fiscalía federal, una vez evaluada la información entregada.

Un proffer agreement es un instrumento legal mediante el cual una persona investigada o un testigo puede entregar información sobre un posible delito a cambio de que esa declaración no se use directamente en su contra en un juicio posterior. Hasta el momento, el reportaje no ha precisado públicamente cuál sería el delito o la investigación específica vinculada al caso.
Busca ser gobernadora
Ramírez solicitó licencia al Senado para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de Baja California en 2027. Una contienda en la que disputa la candidatura con Ismael Burgueño.
Previamente, se desempeñó como secretaria particular de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California. La misma a quién están señalando por presuntos vínculos de colaboración con autoridades estadounidenses.

Tras la difusión del reportaje, Ramírez no negó de forma directa la existencia del documento, pero cuestionó el contenido a través de su cuenta de X. Calificó el material como un nuevo episodio de “guerra sucia” en su contra, en tono irónico y acompañado de un GIF.
Hasta el momento, no existe, en fuentes oficiales estadounidenses, una confirmación pública independiente del acuerdo.
El caso no debe confundirse con una acusación penal formal ni con una determinación de culpabilidad. Se trata, por ahora, de documentos revelados por un medio de comunicación y de una negociación en curso, según lo reportado.