Editorial
Dos gobernadoras, dos escándalos con actores de seguridad estadounidenses de por medio, y dos reacciones radicalmente distintas del gobierno federal.
El contraste entre el caso de Marina del Pilar Ávila (Baja California, Morena) y el de Maru Campos (Chihuahua, PAN) permite observar cómo la etiqueta de “amenaza a la soberanía” se aplica —o se evita—según el color político de quien la protagoniza.
El caso Maru Campos: de un operativo a la acusación de traición a la patria
El escándalo estalló en abril de 2026, luego de que murieran dos agentes estadounidenses señalados como personal de la CIA durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.
La revelación provocó la renuncia del entonces fiscal estatal, César Jáuregui, en medio de irregularidades documentadas en el manejo de la escena. A partir de ahí, la maquinaria política federal se activó con rapidez.
Legisladores de Morena en el Senado, encabezados por el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, plantearon abiertamente la posibilidad de que Campos hubiera incurrido en el delito de traición a la patria. Delito que se castiga con hasta 40 años de prisión.
A Campos la señalan por permitir, presuntamente, que agentes extranjeros operaran en territorio mexicano sin autorización federal. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, llegó a afirmar que la gobernadora había aceptado públicamente “que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria”, a partir de entrevistas en las que Campos dio versiones contradictorias sobre su conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó lo ocurrido como una violación a la Ley de Seguridad Nacional, y su gobierno impulsó la comparecencia de Campos ante el Senado. El caso derivó en un choque directo entre la Federación y el gobierno estatal, con la oposición panista denunciando lo que calificaron como un “linchamiento político”: el senador Ricardo Anaya argumentó que vigilar el ingreso de agentes extranjeros es facultad federal, no estatal, por lo que responsabilizar a la gobernadora resultaba jurídicamente cuestionable.
Marina del Pilar: audios, FBI y una respuesta distinta
Tres meses después, en junio y julio de 2026, se difundieron dos audios en los que se escucha una voz atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, conversando con presuntos intermediarios del FBI sobre su visa cancelada y una posible extradición.
En la grabación más comprometedora, la voz ofrece explícitamente compartir información escuchada en las mesas de seguridad. Las mismas donde participan autoridades estatales y federales. Esto a cambio de frenar posibles cargos.
“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar (…) puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad.”
La respuesta del gobierno federal es diametralmente opuesta a la que recibió Campos. En su conferencia matutina del 14 de julio, la presidenta Sheinbaum minimizó el contenido:
“No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando (…) ella dijo que no pone en riesgo la seguridad de Baja California.”
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó esa lectura al afirmar que del audio “no se infiere que se vaya a dar información confidencial” y que no existe una investigación en curso contra la gobernadora. Sheinbaum añadió que su gobierno “no guiará sus posturas ni abrirá expedientes judiciales basados únicamente en filtraciones mediáticas.”
El contraste, hecho explícito incluso en medios
La diferencia de trato no pasó inadvertida. Al reportar la defensa presidencial hacia Marina del Pilar, un análisis periodístico lo señaló sin rodeos:
“A diferencia del caso de Maru Campos, en el que se calificó como traición a la patria por colaborar con agentes de la CIA, para la mandataria lo de Marina del Pilar es distinto.”
Columnistas críticos del gobierno han ido más lejos, señalando que el término “traición a la patria” ha sido usado selectivamente contra opositores priistas, organizaciones civiles, legisladores panistas, mientras se aplican estándares distintos cuando el señalado pertenece a Morena.
Las diferencias objetivas entre ambos casos
Es justo señalar que los casos no son idénticos:
En Chihuahua hubo un hecho consumado y verificable, dos ciudadanos estadounidenses murieron en un operativo, lo que generó una investigación forense y la caída de un fiscal estatal.
En Baja California, lo que existe son grabaciones de audio de autenticidad reconocida por la propia gobernadora, pero sin un hecho de violencia asociado ni confirmación de que los interlocutores fueran, en efecto, agentes estadounidenses.
Campos reconoció públicamente, en distintas entrevistas, haber autorizado la operación de agencias como el FBI y la DEA en Chihuahua, y haber participado en detenciones y extradiciones sin facultades expresas para ello. Marina del Pilar, en cambio, niega haber llegado a algún acuerdo y sostiene que la conversación fue con personas que nunca acreditaron representar oficialmente a ninguna agencia.
El caso de Campos involucra a la Guardia Nacional y a la Ley de Seguridad Nacional en un sentido operativo (presencia física de agentes extranjeros en territorio mexicano); el de Marina del Pilar se centra en el riesgo de fuga de información, no en una operación conjunta documentada.
Estas diferencias son reales y explican, en parte, por qué el tratamiento legal no tendría que ser mecánicamente idéntico. Lo que resulta más difícil de explicar y es el corazón de la crítica opositora, es la velocidad y el tono con que el aparato político federal activó la narrativa de “traición a la patria” en un caso y la desactivó preventivamente en el otro, antes de que cualquier investigación hubiera concluido en ambos.
La lectura política de fondo
El patrón se inserta en un momento de alta exposición para el gobierno de Sheinbaum. La fiscalía de Nueva York ya acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y reportes periodísticos no confirmados oficialmente apuntan a una lista más amplia de funcionarios de Morena bajo la lupa de Washington.
En ese contexto, cómo el gobierno federal decide qué caso amerita acusación de traición a la patria y cuál merece el beneficio de la duda se ha convertido, para buena parte de la prensa y la oposición, en un indicador más de la asimetría con que se aplica el discurso de la soberanía nacional según el color partidista de quien esté señalado.