Editorial
17 mexicanos muertos en menos de dos años bajo custodia o en operativos del ICE llevaron al gobierno de Sheinbaum a subir el tono. Dos de las víctimas eran de Guanajuato.
Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta ofensiva legal contra Estados Unidos?
El Gobierno de México confirmó esta semana que 17 ciudadanos mexicanos han muerto en situaciones relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que Donald Trump regresó a la presidencia. 14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.
El caso que aceleró todo fue el de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante de 52 años que llevaba 35 años viviendo en Houston, con tres hijos ciudadanos estadounidenses, y que murió el 7 de julio tras recibir disparos de un agente de ICE.
Las autoridades de EU alegan defensa propia, pero su familia lo niega y exige una investigación independiente.
La nueva estrategia es de la diplomacia al tribunal
Hasta ahora, México se había limitado a enviar notas diplomáticas de protesta 11 en total y a acudir a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que esa vía “no ofrece resultados concretos”. Por eso, el 13 de julio la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó tres acciones nuevas:
- Denuncias penales ante fiscalías estatales de EU y el Departamento de Justicia, con apoyo de la Fiscalía General de la República, contra los responsables.
- Acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención, mediante cartas de “cese y desistimiento”.
Solicitudes ante la CIDH para medidas cautelares de protección, más una petición al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. El canciller Roberto Velasco notificó estas medidas al embajador estadounidense, Ronald Johnson, quien, según Sheinbaum, se mostró “receptivo” a la preocupación mexicana.
La mandataria también llamó al Congreso y a todos los partidos políticos a respaldar la defensa de los connacionales. Guanajuato, en el mapa de las víctimas, pero no en la trinchera legal.
Dos de los 17 fallecidos son originarios de Guanajuato
Uno es de Valle de Santiago y otro de Silao. La Secretaría de Derechos Humanos del estado, encabezada por Liz Esparza Frausto, celebró públicamente la denuncia federal, pero aclaró un punto clave. El Gobierno Federal no ha solicitado colaboración al Gobierno de Guanajuato para presentarla.
La acción legal contra ICE es exclusivamente competencia federal. El papel del estado se ha limitado a apoyar los gastos de repatriación de restos de guanajuatenses fallecidos en EU.
También en operar programas propios de atención a migrantes retornados o deportados, como “Migrante Te Quiero”, con oficinas de enlace en Los Ángeles, Dallas y Chicago.
Otra estrategia es levantar quejas ante los consulados por detenciones que consideran arbitrarias, aunque esto es seguimiento institucional, no litigio.
¿Presión real o ruido político?
Aquí es donde el balance se vuelve más complicado. A favor de que sí tiene efecto: el caso Salgado generó protestas crecientes en Houston, en un barrio históricamente ligado a la comunidad mexicoestadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) salió a desmentir públicamente que haya un aumento de muertes en sus instalaciones, lo que sugiere que la presión mexicana sí obliga a Washington a reaccionar y dar la cara.
El tema también ha escalado visiblemente la tensión entre Sheinbaum y Trump. En contra de que tenga dientes legales, las denuncias penales se presentan ante fiscalías estatales de EE.UU., pero los agentes federales como los de ICE suelen estar protegidos por la doctrina de “inmunidad calificada”. Un obstáculo serio para que estas denuncias prosperen en tribunales.
Además, medios mexicanos reportaron que las autoridades federales estadounidenses se niegan incluso a colaborar con las propias autoridades estatales y municipales de Houston en la investigación del caso Salgado.
Si Washington no coopera ni con sus propias instancias locales, el margen de maniobra de una denuncia mexicana es limitado.
El fondo del asunto No es “puro ruido”. Está generando eco mediático, protestas y obliga a Estados Unidos a responder públicamente, lo cual tiene costo político y de imagen. Pero como mecanismo para cambiar el proceder operativo de ICE, no hay hasta el momento ninguna evidencia de resultados concretos.
Es presión diplomática y política, no una garantía de justicia en los tribunales. El desenlace real dependerá de si estas denuncias, apenas presentadas el 13 de julio, logran avanzar en las cortes estadounidenses.