El siguiente escándalo no debería convertirse en el mejor abogado del anterior.
La sucesión parece escrita para una serie política. Pero aquí están en juego vidas, recursos públicos y la credibilidad de las instituciones.
En Chihuahua, el punto de partida es concreto. Dos agentes de la CIA y dos funcionarios estatales murieron en un accidente automovilístico al regresar de un operativo contra un laboratorio de drogas. El caso escaló hasta la vinculación a proceso del exfiscal César Jáuregui por presunta traición a la patria. Hay un proceso penal; todavía no una sentencia que lo declare culpable.
El combate al narcotráfico no elimina la obligación de explicar quién autorizó la participación extranjera y bajo qué condiciones. Pero invocar la soberanía tampoco releva a la Fiscalía de acreditar sus acusaciones. La gravedad de una etiqueta penal exige pruebas de la misma dimensión.
Señalamiento contra Ariadna Montiel
Después aparece el señalamiento contra Ariadna Montiel. Héctor de Mauleón publicó en El Universal una columna sobre una supuesta reunión con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, sustentada, según el periodista, en un reporte de inteligencia.
Montiel negó el encuentro y el Gabinete de Seguridad rechazó que exista información oficial que confirme la existencia o autenticidad del reporte referido o que acredite los supuestos acuerdos. La reunión no puede presentarse como un hecho demostrado.
La exigencia periodística debe ir en ambas direcciones. Quien acusa tiene que sostener lo publicado con evidencia verificable; quien responde desde el poder debe contestar los señalamientos concretos. Descalificar al adversario no resuelve el fondo de una acusación, pero una acusación tampoco se vuelve verdadera por ser escandalosa.
¿También el INE?
Entonces irrumpe el INE, con un problema que rebasa el intercambio de declaraciones. Según el informe del Órgano Interno de Control reseñado por Aristegui Noticias, se abrieron 16 expedientes durante 2025 y 2026; once corresponden a contrataciones públicas e involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho particulares y 18 empresas.
Se investigan posibles conflictos de interés, simulación de requisitos, abuso de funciones y aplicación irregular o posible desvío de recursos.
Guadalupe Taddei renunció en medio de los señalamientos y defendió su actuación. Su salida no equivale a una confesión, pero tampoco puede sustituir el esclarecimiento de los contratos.
Cambiar a quien encabeza una institución no explica qué ocurrió con su dinero.
A esto se suma Rita Bell López Vences. La consejera denunció amenazas y las atribuyó a Taddei mediante intermediarios: “A mí me mandó (a amenazar). Ella no lo hacía”.
Se trata de una acusación pública grave que requiere investigación, no de una responsabilidad ya acreditada.
Si se confirma que hubo intimidación para desalentar cuestionamientos sobre contratos, el problema alcanzaría también las condiciones internas para vigilar al instituto. ¿Cómo exigir controles eficaces si quienes preguntan aseguran tener miedo?
Para un movimiento que hizo de “no mentir, no robar y no traicionar” su identidad política, la exigencia es inevitable. Demostrar que esos principios también operan cuando las investigaciones resultan incómodas. La honestidad no se acredita repitiendo un lema; se acredita permitiendo investigaciones y asumiendo sus consecuencias.
¿Cuál escándalo tapa a cuál? La pregunta decisiva es cuál llegará hasta sus últimas consecuencias. Porque ningún escándalo nuevo debe convertirse en el archivo muerto del anterior.